Caso respiradores: revelan que 6 personas debían repartirse la “coima” de $us 340 mil
La investigación tiene un avance del 90% y hasta ahora se hallaron al menos unas cinco irregularidades. El embajador Mohammed Mostajo volverá a ser citado al igual que representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La reserva del caso respiradores fue levantada por el Ministerio Público y se reveló que hay al menos unas cinco irregularidades en el proceso de compra de los 170 equipos españoles para la lucha contra el coronavirus COVID-19. La investigación tiene un avance del 90%. Aún está pendiente las declaraciones al especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financió la compra por unos cinco millones de dólares y el embajador Mohammed Mostajo volverá a ser citado, pese a que no se halló ningún indicio de responsabilidad.

El fiscal Omar Mejillones, titular de la comisión que investiga el caso, explicó que hay seis personas directamente involucradas, quienes tendrían que haber recibido al menos 340.000 dólares como “coima”. Cada aparato hubiera tenido un costo de 20.000 dólares mientras que los restantes 8.080 irían destinados a todos los involucrados. Remarcó que quienes debían beneficiarse con los dineros del ilícito son el exministro de Salud Marcelo Navajas; el exdirector jurídico Fernando Valenzuela; el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja; el director de la AISEM Geovani Pacheco además de dos funcionarias de esa repartición.

De acuerdo con las investigaciones, al menos tres millones de dólares hubieran sido desviados y el "proceso de contratación está totalmente viciado".
 

IRREGULARIDADES El fiscal informó que dentro de la cadena de irregularidades figura una segunda. Dijo que un mes antes de que se inicie el proceso de contratación, ya se había hecho un desembolso económico de 250.000 dólares para la reserva de los equipos, proceso que fue confirmado por el gerente de GPA Innova Pau Sarsanedas, lo que demuestra que la compra estaba direccionada.

El fiscal del caso respiradores Omar Mejillones. OPINIÓN

“Antes de que inclusive se haya iniciado el proceso de contratación, ya se hubiera entregado la suma de 250.000 dólares para que adquieran estos ventiladores lo que quiere decir que como se ha señalado anteriormente, se verifica el hecho de que estaba direccionada la compra de estos ventiladores pulmonares”, puntualizó.

La tercera observación es que la empresa IME Consulting nunca antes se había dedicado a la comercialización de ventiladores pulmonares “y lo que nos extraña es el hecho de que el dueño haya señalado en su declaración de que desconocía todo el contenido del contrato” y que había un intermediario que lo había involucrado.

Con relación al sobreprecio y el desmantelamiento, otras dos irregularidades, el operador de justicia agregó que de acuerdo a las declaraciones del gerente de GPA Innova, su empresa vendió los equipos completos a un costo de 6.600 euros (unos 7.400 dólares) empero, el exministro Navajas presentó facturas donde el precio alcanzaba a 28.080 dólares por unidad. Para llegar a ese monto, se procedió a desmantelar los aparatos y justificar su costo separando el kit.

“Si ha venido el ventilador pulmonar más su kit a 6.600 euros, lo que ellos han hecho es desmantelar los kits y poner a cada pieza un precio cosa para que alcance a 28.080 dólares y ese es el monto que se hubiera facturado, sin embargo el kit, de acuerdo al contrato que se tiene, es uno solo”, agregó.

Según Mejillones ninguno de los que hasta ahora prestó declaración ante la comisión que investiga el caso mencionó al embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, como uno de los responsables, sin embargo, esa persona tendría que haber conocido el proceso de contratación. Adelantó que se le volverá a convocar a declarar la próxima semana porque en una primera instancia no aportó suficientes elementos ya que algunas preguntas fueron ambiguas. También considera que será necesario que Navajas amplíe su declaración informativa.

LA SITUACIÓN El 27 de mayo se activó la reserva del caso respiradores con el objetivo de precautelar los detalles de la investigación. Cinco personas son procesadas. Navajas y Pareja tienen detención domiciliaria, mientras que Valenzuela, Pacheco y el conocido en este proceso como "testigo clave" Luis Fernando Humérez están con prisión preventiva.
Bolivia ya pagó cerca de 2.2 millones de dólares y el Gobierno aseguró que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.

Estos equipos que estaban destinados para pacientes con COVID-19 en el país fueron observados por especialistas porque justamente no ayudarían a personas en estado grave. Además del proceso judicial, la Asamblea Legislativa de Bolivia creó una comisión para investigar el caso, que es el mayor escándalo por supuesta corrupción en Bolivia desde que asumió el Gobierno interino el pasado noviembre

Fuente: Opinión

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