Tribunal de Apelaciones de EEUU falla en contra de 'Goni' y Sánchez Berzaín por masacre de 2003
“Este es un momento importante en la lucha por la rendición de cuentas, no solo para las familias, sino para toda Bolivia”, dijo Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos, por el Onceavo Circuito, anuló la decisión que el tribunal de primera instancia emitiera a favor del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, por la masacre de 2003 de personas indígenas que no portaban armas. La noticia fue divulgada en Bolivia por el portal Brújula Digital.

“Esta es una noticia maravillosa”, dijo Sonia Espejo, cuyo esposo Lucio perdió la vida en ese cruento episodio. “Hemos luchado por tanto tiempo. Seguiremos luchando, pero por hoy, me siento feliz. Me siento tranquila”, añadió.

Antecedentes del juicio

En abril de 2018 un jurado halló responsables a los exfuncionarios gubernamentales en el marco del Estatuto de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA por sus siglas en inglés) y adjudicó $us 10 millones en daños, después de un juicio de un mes que incluyó seis días de deliberaciones del jurado.

El juicio marcó la primera vez en la historia de los Estados Unidos que, un ex jefe de estado se tuvo que presentar ante sus acusadores en un juicio de derechos humanos”, señala el informe del Centro para Derechos Constitucionales, que impulsó la acción contra el expresidente. La información se origina en la ciudad de Miami, EEUU.

Da cuenta que, en un procedimiento poco usual, un mes después de que el jurado dictara su veredicto, el tribunal de primera instancia dejó de lado el dictámen y emitió su propio fallo, librando a los demandados Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de responsabilidad por supuesta falta de pruebas.

En noviembre de 2019, dos de los demandantes, cuya pequeña hija había perdido la vida por balas disparadas por soldados durante la masacre, viajaron a Miami para que se escuchara su apelación.

Anulan el fallo

Es así que, este lunes, la Corte de Apelaciones anuló el fallo del tribunal de distrito y devolvió el caso para procedimientos adicionales. Además, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que los demandantes tenían derecho a un nuevo juicio con relación a los alegatos de homicidio culposo porque el tribunal de distrito había abusado de su discreción al admitir cierta evidencia  favorable a los demandados.

La corte de apelaciones sostuvo que los demandantes proporcionaron evidencia suficiente de que “los soldados dispararon deliberadamente...con una conciencia meditada de que herirían mortalmente a civiles que no presentaban ningún riesgo de peligro. Ninguno estaba armado, ni había evidencia de que representaran una amenaza para los soldados. Muchos recibieron disparos mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. Otros recibieron disparos mientras se escondían o huían”.

La corte de apelaciones anuló el fallo del tribunal de primera instancia (el tribunal de distrito) y le devolvió el caso para que decida si el veredicto del jurado debe ser reintegrado bajo la norma correcta, y celebre un nuevo juicio con relación a los reclamos de homicidio culposo de los demandantes.

La masacre

En septiembre y octubre de 2003, bajo el gobierno de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, se dieron los sucesos de 'octubre negro', por lo que se investiga la muerte de 58 ciudadanos y el registro de 400 heridos, casi todos ellos de comunidades indígenas, durante un período de disturbios civiles conocido como la 'Guerra del Gas'.

Entre los muertos, figura incluso una niña de ocho años, una mujer embarazada (cuyo hijo en gestación también murió), y personas de la tercera edad. Después de la masacre, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín se refugiaron en los Estados Unidos, donde viven desde entonces.

Los ex comandantes militares y ex funcionarios de gobierno fueron condenados en Bolivia. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, acusados en el mismo caso, no pudieron ser juzgados porque no son posibles los juicios en ausencia bajo la ley boliviana.

Es una victoria

Este es un momento importante en la lucha por la rendición de cuentas, no solo para las familias, sino para toda Bolivia”, dijo Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard . “Hoy es una victoria para los derechos humanos”.

El caso fue presentado por los familiares de ocho personas que murieron durante la masacre, entre ellos Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija Marlene, de ocho años, fue asesinada frente a su madre cuando recibió un disparo a través de su ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada, Teodosia, murió después de que recibiera un balazo que atravesó la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre Raúl, de 69 años, fue abatido a tiros junto a una carretera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre Arturo encontró la muerte a bala mientras cuidaba sus cultivos. 

Estamos muy felices de que las familias que perdieron a sus seres queridos en las masacres de 2003 hayan obtenido esta importante victoria”, dijo Beth Stephens, una abogada cooperante del Centro de Derechos Constitucionales.

En el juicio de tres semanas, un exsoldado del ejército boliviano testificó que se le ordenó disparar a “cualquier cosa que se mueva” en una comunidad civil. Otro vio a un oficial militar matar a un soldado porque éste se negó a seguir las órdenes de disparar contra civiles desarmados.

Los testigos también relataron que hubo tanques que pasaban por las calles y que los soldados dispararon durante horas, incluso hacia hogares y a civiles que huían y estaban desarmados. A pesar de los testimonios, dejando de lado el veredicto del jurado, el juez de primera instancia concluyó que no había pruebas suficientes para responsabilizar a los acusados por ejecuciones extrajudiciales.

El caso fue presentado en 2007 y permite que se obtenga compensación por daños por ejecuciones extrajudiciales en los tribunales federales de los Estados Unidos alegando que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín planearon y ordenaron los asesinatos.

Nos complace que el Onceavo Circuito haya revisado cuidadosamente la evidencia que presentamos en el juicio y haya estado de acuerdo con nosotros en que el Tribunal de Distrito no debería haber desplazado el veredicto del jurado como lo hizo”, resaltó otro de los abogados cooperantes en la acción judicial.

Representaciones legales

Los familiares están representados por un equipo de abogados del Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y los bufetes de abogados de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, y Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP.

Fuente: El Deber

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